PLAN ' PLATITA ': LA JUSTICIA LE PROHIBIÓ AL GOBIERNO REPARTIR 5.000 PESOS PARA JÓVENES EN MEDIO DE LA CAMPAÑA

Lo decidió la jueza María Servini tras una presentación del PRO. Consideraban que el reparto de fondos era con fines proselitistas.

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado Cristina Cao, con el mismo objeto que la denuncia que formuló el PRO: impedir que se implemente en plena campaña el programa Más Cultura Joven, que destinaba una suma de 5.000 pesos para jóvenes de bajos recursos entre 18 y 24 años. La denuncia penal fue por utilizar dichos fondos con fines proselitistas. Hasta que no pase el 14 de noviembre, el ministro de Cultura no podrá implementar el plan, ordenó la magistrada.

Dos denuncias fueron presentadas ante la justicia electoral con un mismo objetivo, impedir que el gobierno de Alberto Fernández, incida en el electorado con el uso de recursos públicos en plena campaña electoral. La causa apunta contra el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, por el programa 'Más Cultura Joven' mediante el cual el Gobierno nacional otorgará una suma de cinco mil pesos a jóvenes de bajos recursos de entre 18 y 24 años con el supuesto objetivo de 'potenciar el consumo de bienes y servicios culturales'.

Este jueves, la jueza Servini firmó la resolución, a la que accedió Clarín, haciendo lugar al inicio del caso y concedió la medida cautelar requerida por el partido que preside Patricia Bullrich.

"Con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente, corresponde disponer, en forma previa a la sustanciación de este proceso, una orden de restricción al Sr. Ministro de Cultura de la Nación, Sr. Tristán Bauer, al sólo efecto de que se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1499/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo", sostiene la resolución de la jueza electoral.

La denuncia sostiene que ese aumento de partida presupuestaria para servicios culturales, "fijándose que el mismo podrá ser utilizado entre el 1 de noviembre de este año y el 30 de abril de 2022, a través del beneficio social, podrían derivar en una vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país".

Al respecto Lucas Incicco, miembro del Comité Electoral por parte del PRO, sostuvo que dicho programa 'tiene, en verdad, una clara intencionalidad política para captar el voto de sectores que fueron esquivos al Frente de Todos en las pasadas elecciones. El anuncio fue celebrado y publicitado por las autoridades nacionales como un acto de campaña política proselitista'.